Resultaría muy difícil encontrar entre los mexicanos a usuarios satisfechos del desempeño de su compañía estatal de servicio de electricidad. Además de las deficiencias (fluctuaciones de voltaje) y fallas (apagones constantes) últimamente se han agregado incrementos desmesurados en las tarifas. No es extraño, entonces, que resulte relativamente sencillo enardecer la animosidad de los usuarios por medio de una campaña mediática (propagandística) en contra de sus trabajadores o, más concretamente, en contra de su dirigencia sindical. Algunos comentaristas (incluso independientes) celebran que el gobierno haya decidido, dicen, poner un hasta aquí a uno de los sindicatos más antiguos (95 años), grandes y poderosos del país.
Durante décadas, los gobiernos (primero priistas y después panistas) han tolerado e incluso incentivado la conformación de dirigencias sindicales al servicio de los patrones y del gobierno a cambio de prebendas y nula fiscalización. El corporativismo mexicano se ha caracterizado por el intercambio de favores entre cúpulas sindicales y gubernamentales espurias. Una clase empresarial rapaz y coludida con gobiernos corruptos y a su servicio son apenas dos de las cuatro patas que sostienen el modelo mexicano, las otras dos son el sindicalismo a modo y el poder económico trasnacional.
Sería muy celebrable que uno de los actores en cuestión (en este caso el gobierno de México) decidiera cambiar dramáticamente este estado de cosas. No es así, y el cúmulo de hechos que rodean el conflicto hacen poco creíble la voluntad democratizadora y reformadora del gobierno. Veamos por qué.
El supuesto origen del conflicto
Una de las prácticas de control del gobierno mexicano sobre los sindicatos lo constituye la llamada “toma de nota” de sus dirigencias sindicales. Aún cuando en sus orígenes dicho trámite constituía un simple aviso, al gobierno, de cambio de dirigencia; con el tiempo se transformó en un requisito para la transferencia de poder de una dirigencia saliente a una entrante. Requisito por demás absurdo pues cualquier diferendo en la elección de nuevas dirigencias sindicales debe ser resuelto al interior de los propios sindicatos o por instancias establecidas por ley; en este caso por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA). Tan absurda resulta esta “toma de nota” como requisito para el cambio de dirigencia que el propio partido actualmente en el poder (PAN) solicitó su eliminación, como bien nos lo recuerda Arturo Alcalde Justiniani (1):
“El propio Vicente Fox, días antes de su elección, el 7 de junio de 2000, suscribió públicamente un compromiso ante organizaciones y personalidades de la sociedad civil, en su octavo y noveno apartado protestó eliminar el trámite de registro y de la toma de nota ante la autoridad laboral y establecer el registro público de sindicatos y contratos colectivos".
Ahora, el gobierno del también panista Felipe Calderón utiliza la “toma de nota” para desconocer la nueva dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) aún cuando la autoridad respectiva (JFCyA) no ha emitido fallo alguno. Casualmente, y de la misma manera que sucedió hace algunos años con el sindicato del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS), los medios masivos de comunicación han emprendido una campaña de linchamiento para justificar la acción del gobierno y para (de)mostrar la “necesidad” de privatizar los servicios que ofrece esta compañía estatal.
El argumento esgrimido por el actual secretario del trabajo (Javier Lozano) de que hubo “irregularidades en el proceso de elección” de la nueva dirigencia del sindicato no suena muy afortunado en boca de un funcionario de un gobierno cuyas “irregularidades en el proceso de elección” fueron desestimadas por su principal beneficiario (Felipe Calderón, su jefe) con altas dosis de cinismo al responder que él había ganado la elección presidencial “haiga sido como haiga sido”. No es ningún milagro que hasta hoy (tres años después) el gobierno de facto de Felipe Calderón no haya exhibido las boletas electorales que supuestamente le dieron el triunfo. Si las boletas no han sido destruidas todavía es por la tenacidad de algunos mexicanos que han apelado a organismos internacionales para su conservación. A nadie escapa que aún cuando ya no tengan ningún valor jurídico (la elección ya fue convalidada por las instancias legales) el principal beneficiado de su revisión sería Felipe Calderón si, como han querido hacernos creer, él hubiera ganado en los sufragios presidenciales del 2006.
Pero más allá de lo desafortunado del argumento de Lozano o del reconocimiento del propio PAN de lo inapropiado del “requisito” de la “toma de nota” por parte del gobierno federal, existen otros hechos que han sido poco ventilados (o deliberadamente ocultados) y que permiten comprender de manera más objetiva esta embestida por parte del gobierno de Calderón al SME.
El verdadero origen del conflicto
Algo que muy pocos mexicanos saben es que con los mismos cables que reciben el suministro eléctrico podrían recibir servicio telefónico y trasmisión de imágenes y datos (internet). Desde hace ya varios años la compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC la paraestatal que proporciona electricidad a la mayoría del territorio mexicano) ha venido sustituyendo su cableado por la denominada “fibra óptica”. Actualmente LyFC cuenta con una red de aproximadamente 1,100 Km concentrada, sobre todo, en la zona centro (Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Morelos); que es con mucho la zona de mayor concentración demográfica y de actividad industrial en el país.
A sabiendas de esto, hace ya algunos meses una empresa privada cuyo origen es español (WL Comunicaciones) pero cuyos accionistas nacionales principales son dos exsecretarios de energía (Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens) firmó acuerdos con la paraestatal para hacer uso de dicha red de fibra óptica. Sin embargo, el contrato colectivo de la paraestatal señala que “si a una empresa se le concede el usufructo de alguna infraestructura de Luz y Fuerza del Centro, el sindicato tendría el derecho de tener una concesión espejo para dar el mismo servicio.” Así, el sindicato solicitó ejercer su derecho a brindar servicios de comunicación a través del tendido eléctrico en un mercado creciente cuyo volumen de ventas se estima en decenas de miles de millones de pesos. Este, y no otro, parece ser el motivo de encono de la administración calderonista con el SME.
Uno de los principales reclamos de la sociedad a Felipe Calderón ha sido la eliminación de los virtuales monopolios en telefonía (Telmex, de Carlos Slim) y televisión (Televisa de Azcárraga y TV Aztecas de Salinas). No obstante, nada ha hecho el actual gobierno para estimular la apertura de dichos mercados. Al parecer Calderón ha optado por “arbitrar” entre los poderosos consorcios que patrocinaron su asenso (Telmex y Televisa) no permitiéndoles invadir el terreno de uno u otro pero garantizándoles sus respectivos monopolios. Quizá algunos de sus correligionarios y socios podrían empezar a competir en el jugoso mercado del triple play (voz, imagen, datos) pero por supuesto no una agrupación de trabajadores y menos aún de un sindicato que se orienta a la izquierda y que ha manifestado su simpatía por el líder de oposición más popular del país: Andrés Manuel López Obrador.
Ahora comienzan a esclarecerse las verdaderas razones del gobierno de facto para desconocer a la dirigencia sindical del SME. Causaría risa la pretendida voluntad democratizadora del régimen de Calderón si no fuera por sus excelentes relaciones con las peores mafias sindicales del país como la de Elba Esther Gordillo (secretaria perpetua de los trabajadores de la educación) o la de Carlos Romero Deschamps (líder de los trabajadores petroleros) a quienes les hace los trámites de “toma de nota” a pesar de las airadas protestas de sus propios “representados” (2). De hecho, hace apenas unos días una resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo ordenó a Lozano retirar la “toma de nota” a Romero Deschamps hasta que se analicen los resultados del proceso en el que se erigió como ganador (3). Ni Lozano ni Deschamps han dicho nada al respecto.
La campaña de linchamiento
Como se comentó al principio es imposible avalar el desempeño de la compañía suministradora de energía eléctrica en México. Sin embargo, resulta sospechoso que se quiera responsabilizar de su mal desempeño exclusivamente a sus trabajadores. No se debe olvidar que en los años recientes el gobierno ha alentado la participación privada en la generación de electricidad (ahora ya abarca 30% del total) y que, debido a los cálculos erróneos de la presente administración (como aquel del crecimiento de 5% anual), se han encarecido los costos y se ha retrasado la recuperación de la inversión (5 mil millones de dólares). Esto explica el aumento en las tarifas de la energía eléctrica y nada tiene que ver con los trabajadores. Pero no solo eso, los recursos del estado hacia la paraestatal han disminuido año con año y en muchos casos se han subejercido. El pretendido subsidio a la energía eléctrica se aplica mayormente a los consumidores industriales y no a las casas habitación.
Como ocurrió con el sindicato de los servicios de salud (IMSS) los medios de comunicación se escandalizan en coro ante los “indignantes privilegios” de los trabajadores del SME. No dicen, por ejemplo, que los altos funcionarios de la empresa paraestatal (no del sindicato) pueden jubilarse con una renta de 131 mil pesos mensuales después de “laborar” un año y ocho meses (véase video en referencia 4) a diferencia de un trabajador que debe “cotizar” 30 años para recibir una pensión irrisoria.
No nos confundamos, no se trata de hacer una defensa a ultranza de las mafias sindicales que tanto han dañado al país y a sus trabajadores. Pero tampoco podemos ignorar hechos que están ahí, a pesar de ser ignorados por los grandes medios de este país. Bien puede ser que en la pasada elección de dirigencia en el SME haya habido irregularidades pero no es al secretario del trabajo a quien compete dirimirlas; menos aún actuando con el doble rasero que hemos evidenciado.
Finalmente, para nadie es un secreto que Calderón tiene como objetivo privatizar los pocos bienes que le quedan al Estado Mexicano con la coartada de la supuesta falta de eficiencia. Como en el caso de la empresa estatal de petróleo (PEMEX) las administraciones neoliberales de las últimas décadas han tratado a toda costa de estrangularlas para poder entregarlas al gran capital nacional y extranjero. En el caso de PEMEX cuentan con el aval de un secretario general (Deschamps) al parecer tan espurio como el jefe del ejecutivo federal (Calderón).
