Descubre Greenpeace a empleados de agrobiotecnología en el gobierno
Esto pone en evidencia que la bioseguridad y la sobrevivencia de nuestro maíz se encuentra en manos de funcionarios que tienen conflictos de interés.
¿Quiénes son?
Sandra Patricia Piña Salinastrabajó en el 2005 como coordinadora técnica de Agrobio México A.C., asociación encargada de defender los intereses comerciales de empresas como Monsanto, Pioneer, Bayer y Dow Agroscience.
En 2006 acudió como representante de Agrobio a la Sexta Reunión del Grupo de Acción Intergubernamental especial del Codex sobre Alimentos obtenidos por Medios Biotecnológicos, celebrada en Chiba, Japón. Después se desempeñó como gerente de negociaciones internacionales de Agrobio.
Hoy trabaja en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en la Dirección de Políticas y Normatividad.
La ingeniera Silvia Elena Rojas Villegas, es actual directora de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Antes, trabajó en PHI México SA de CV, perteneciente a la plataforma de agricultura y nutrición del Corporativo DuPont, particularmente en el grupo de regulación y relación industrial de México y Norte de Latinoamérica para la Biotecnología Moderna.
Violación de la ley
“De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos (2), tanto Silvia Rojas como Sandra Piña deberían salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público y servir a los intereses del país. Ninguna debería tener injerencia en los trámites relacionados con las empresas de biotecnología para las que trabajaron, es decir Dupont-Pioneer y Agrobio, de acuerdo con lo descrito en el artículo 8 fracción XI de la misma ley (3)”, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable de Greenpeace.
“La industria biotecnológica está usando en México una estrategia que en Estados Unidos se llama la puerta giratoria que consiste en el intercambio de personal entre las empresas y el gobierno, con el objetivo de lograr la liberación al medio ambiente de sus variedades transgénicas”, concluyó Lara.
Por ello, Greenpeace lanzó este miércoles su "fonoacción" para exigirle a Felipe Calderón que detenga las siembras de maíz transgénico, que estarían a punto de aprobarse en México y hablen directamente a la presidencia de la República y exijan una moratoria urgente.
Greenpeace convoca a la ciudadanía a llamar a un teléfono, sin costo alguno, que deriva las llamadas hacia el teléfono de la residencia oficial de Los Pinos. ¡Llámale a Felipe! y luego de ello comenta en el blog tu experiencia como muchos ya lo han hecho.
Nota:
1. En México, las compañías transnacionales como Dupont, Monsanto, o Syngenta, están representadas en AgroBio, una supuesta organización civil creada para defender sus intereses comerciales y participar como ciudadanos en órganos de consulta de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
2. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos, artículo 7.- Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.
3 . Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos, artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
XI.- Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.