lunes, 23 de noviembre de 2009

Mundo: Declaración de los Pueblos Indígenas

Mundo: Declaración de los Pueblos Indígenas


(Por la Soberanía Alimentaria)

Recibido de Mani Napi, 22 de noviembre.- Los representantes de Pueblos Indígenas de las regiones de Asia, Pacífico, Latinoamérica, Norteamérica, África y el Norte de Europa, reunidos en el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, en Roma Italia del 13 al 17 de noviembre del 2009:

Reafirmando nuestro derecho a la Soberanía Alimentaria que está intrínsicamente ligada a nuestra relación histórica, cultural y espiritual con nuestra Madre Tierra, a nuestras tierras y Territorios. Asumiendo nuestro derecho de Libre-determinación consuetudinaria y, establecido en el Artículo 1 común del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y, Civiles y Políticos.

Ratificando nuestros Derechos establecidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Preocupados porque los últimos informes de la FAO señalan que actualmente más de mil millones de personas viven en situación de hambruna en el mundo, de los cuales más del 80% de ellos son productores y productoras, y que la mayoría habitamos en territorios de Pueblos Indígenas.

Nos convocamos en un Foro de los Pueblos Indígenas por la Soberanía Alimentaria, y acordamos la siguiente Declaración de los pueblos indígenas:

1.- Los Pueblos Indígenas llegamos desde la selva amazónica hasta las tierras árticas de los pueblos Samis. Desde las Islas del Pacífico hasta las montañas del Himalaya, pasando por las tierras del Sahara de nuestros hermanos nómadas, para hacer sonar la alarma sobre los graves efectos sufridos por nuestras comunidades producto de la Crisis Alimentaria Mundial, para decirles que nosotros somos los más afectados por el hambre y la malnutrición, lo que constituye una violación a nuestro Derecho humano a la Alimentación y a nuestra libre determinación.

Recordando que La Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible reafirmó “el rol vital de los Pueblos Indígenas en el desarrollo sostenible” e insto a los Estados, las organizaciones de Naciones Unidas a “Promover la efectiva participación de las comunidades indígenas y locales en asuntos de decisión y ejecución de políticas relacionadas al uso del conocimiento tradicional y la biodiversidad, entre muchos otros temas incluyendo la agricultura, pobreza y desarrollo”

2.- Conscientes que los Estados y sus gobiernos están apoyando a las grandes compañías trasnacionales en perjuicio de la producción alimentaria tradicional de los Pueblos Indígenas y de la expropiación de nuestras tierras, territorios y recursos.

3.- Hemos decidido continuar en el uso de nuestras semillas indígenas, de nuestros productos tradicionales y continuar nuestra lucha contra el mercado capitalista de producción alimentaria, así como de los productos transgénicos, porque debilitan y exterminan las semillas tradicionales.

4.- Los pueblos indígenas tenemos el derecho a poseer, controlar, proteger y perpetuar el conocimiento tradicional originario de nuestras tierras, territorios y recursos que hemos poseído, usado y ocupado mediante la relación de respeto a nuestra Madre Tierra y cuidando el medio ambiente. En este sentido somos modelo alternativo de producción alimentaria sostenible y de protección de la biodiversidad.

5.- Por lo tanto, los pueblos indígenas rechazamos las prácticas agrícolas que usan materiales químicos inorgánicos y semillas genéticamente modificadas que profundizan el calentamiento global y el cambio climático de nuestra Madre Tierra. En esta medida, exhortamos a la FAO y todas las agencias de la ONU a reconocer también la práctica de producción de alimentos de los pastores nómadas.

6.- Recordando que varias instancias de las Naciones Unidas han adoptado Resoluciones y acuerdos en donde se menciona la extrema importancia de la participación con los Pueblos Indígenas y la colaboración que deben tener los gobiernos.

De igual manera el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la anterior Comisión de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial sobre Propiedad Intelectual, el Convenio de Estocolmo, y el actual Concejo de Derechos Humanos, junto con el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, entre otras, han establecido mecanismos para promover la participación plena y efectiva de representantes de las comunidades indígenas en sus reuniones.

Estos mecanismos abarcan desde el apoyo financiero establecido en el Fondo Voluntario para facilitar la participación de representantes de comunidades indígenas y locales en las reuniones, hasta el apoyo logístico, así como también la participación en grupos formales e informales, resaltando las buenas prácticas para todo el sistema de las Naciones Unidas.

7.- Considerando que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General, en su Artículo 41 y 42, mandata a las Naciones Unidas a establecer formas para garantizar la participación indígena en asuntos que les afectan. Por lo cual:

8.- Hacemos un llamado a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a que apruebe y establezca una Política de relación con los Pueblos Indígenas, a partir de los avances que ya tiene elaborado en el borrador de ésta política y en los temas del reconocimiento de los Derechos Territoriales de los. Pueblos Indígenas.

9.- En este marco la FAO y el FIDA, deberán establecer un Grupo de Trabajo con Pueblos Indígenas en el Comité de Seguridad Alimentaria, así como en todas las instancias y organismos especializados de la FAO y el FIDA.

10.- Que a partir de este Foro de los Pueblos Indígenas por la Soberanía Alimentaria nos constituimos en un Caucus de Pueblos Indígenas para dar interlocución, comunicación, participación, seguimiento con la FAO y otros organismos relacionados con la Agricultura, la alimentación y la Soberanía y Seguridad Alimentaria. A través del Comité de Seguimiento integrado por: Saúl Vicente Vásquez, Windel Bolinget, Saoudata Aboubacrine, Ol-Johán Sikku, Anaru Frazer, Ben Powless y Marlene.

11.-. Los Pueblos Indígenas reafirmamos nuestra Alianza entre los movimientos sociales, Pastoralistas Nómadas, Pescadores Artesanales, Campesinos, Pequeños Productores, Universidades Solidarias, mujeres y jóvenes.

12.- De la misma manera impulsaremos las Alianzas estratégicas y respetuosas entre los diversos movimientos sociales, Pueblos Indígenas, población rural y grupos urbanos.

13.- Hacemos un llamado a los Pueblos Indígenas del mundo a impulsar el concepto DEL BUEN VIVIR que practican los Pueblos Originarios de los Andes y demás pueblos, como parte de la Soberanía Alimentaria.

14.- Hacemos un llamado a los Estados, los gobiernos a reconocer las diversas cosmovisiones de los Pueblos Indígenas, respetando las autonomías de los Pueblos Indígenas y a adoptar el concepto del Buen Vivir en sus legislaciones nacionales.

15,- Nosotros, los Pueblos Indígenas exigimos el derecho a definir qué es nuestro alimento y lo que significa para nosotros como parte de nuestra identidad cultural. No podemos hablar de alimentos sin hablar de agua y del derecho al agua y de la protección y definición de nuestra relación con el agua; ni del alimento sin hablar de nuestro derecho al territorio y nuestros recursos.

16.-En tal virtud, urgimos a la FAO y a los gobiernos a desarrollar políticas para la Descolonización de nuestra tierras y territorios, recursos naturales así como reeducar a los Estados y gobiernos sobre la visión de los Pueblos Indígenas.

17.- Por otro lado, impulsaremos la formación de mercados locales que beneficia a nuestros pueblos, frente al monopolio de las grandes compañías comercializadoras y acaparadoras de productos alimenticios.

18.- Los Pueblos Indígenas rechazamos el uso de los derechos de Propiedad intelectual que contribuyen a apropiar, monopolizar y alienar los recursos genéticos protegidos por el conocimiento indígena.

19.- Los Pueblos Indígenas seguiremos consumiendo nuestros alimentos tradicionales. Las semillas son lo que encontramos en el camino, los animales salvajes son nuestros hermanos; nuestra mitología y nuestra historia está vinculada con nuestra alimentación.

20.- El Alimento no es solo agricultura o lo que produce el hombre sino que también incluye a la fauna y flora silvestres, y la relación entre éstos y la Madre Tierra. Los Pueblos Indígenas continuaremos con la práctica de nuestros métodos tradicionales de producción alimentaria como una forma de auto-determinación.

21.- Nosotros los Pueblos Indígenas exigimos el derecho de gozar de lo que producimos para mejorar nuestros medios de vida y mantener el uso de nuestras semillas tradicionales milenarias.

22.- Nosotros, los Pueblos Indígenas y particularmente las mujeres indígenas, debemos tener el derecho a participar en la elaboración de políticas específicas que afectan nuestro derecho a la alimentación. Esto incluye el derecho a impulsar el sistema de rotación de cultivos; reconocer el pastoralismo nómada, la caza y la recolección tradicional y en la formulación de políticas y garantizar nuestros sistemas de tenencia de la tierra y recursos.

“Uno no vende la tierra por la cual camina su pueblo” Tashunka Witko “Caballo Loco” 1840 – 1877•

¡Fuera Minera San Xavier de Cerro San Pedro!


SAN LUIS POTOSÍ, México — Después de casi 10 años en litigio, el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (MSX), ubicada en el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, consiguió que las autoridades federales revocaran el permiso de explotación de minerales a esta empresa transnacional

Este caso es de gran relevancia ya que esta empresa mexicana, subsidiaria de New Gold, de origen canadiense, y que se dedica la extracción de oro y plata en esa región, ha dejado a su paso devastación en el pueblo de San Pedro, que fue la ciudad fundadora del estado de San Luis Potosí.

El proceso de la explotación de minerales a cielo abierto en la zona ha generado la emisión de agentes nocivos como el cinanuro y el mercurio, que han causado daños a la salud de la población de la capital potosina.

En varias ocasiones, con recursos legales se ha logrado que las autoridades judiciales declaran inprocedente el permiso para que MSX, siguiera operando, pero por una serie de complicidades entre la empresa y funcionarios del sector ambiental estatal y federal habían hecho imposible que el gobierno federal se pronunciara en contra del cierre definitivo de la minera.

Ésta es la primera vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se pronuncian en contra de este proyecto y exigen su cierre.

Este 19 de noviembre, en una carta abierta enviada a Patricio Patrón Laviada, titular de la Profepa y con copia a Felipe Calderón, presidente de México y a Juan Elvira, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; las organizaciones Greenpeace México, Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, Red Mexicana de Afectados por la Minería, Centro Prodh, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Unión de Grupos Ambientalistas IAP, El poder del consumidor y Pro San Luis Ecológico, exigen que se tome acción urgente para sacar definitiva e inmediatamente a Minera San Xavier del Cerro de San Pedro.

Las organizaciones señalan que MSX es un claro ejemplo de impunidad ambiental, por lo que debe actuar sin dilación para ponerle un alto a este caso, en el que desde hace diez años se demostró que había un delito es flagrante, innegable, depredador y que afecta al bien común de los mexicanos.

Los firmantes de la carta abierta advierten que si la Profepa de San Luis Potosí está dilatando la acción de la justicia, el procurador federal debe actuar de manera directa cumpliendo la ley.

Breve cronología

En 1999, Greenpeace denunció que el consumo anual de 2,300,000 m3 de agua por parte de esta empresa, era equivalente a 3 por ciento del consumo total de la ciudad de San Luis Potosí. El agua ha sido extraida del acuífero del Valle de San Luis Potosí, que desde los años 60 se consideró como sobreexplotado.

En el año 2000, la organización Pro San Luis Ecológico inició acciones de rechazo a la instalación de Minera San Xavier y junto con otras organizaciones locales, que después conformaron el Frente Ámplio Opositor, exigieron a las autoridades estatales y federales que la empresa fuera cerrada.

Desde el 1 de septiembre de 2004, cuando el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió la ejecutoria declarando que la autorización minera otorgada por la Semarnap a favor de Minera San Xavier, era violatoria de las leyes mexicanas, de las normas oficiales en materia ambiental y del Decreto de Ordenación y Desarrollo de los municipios de San Luis Potosí y de Cerro de San Pedro; motivo por el cual el Tribunal del Poder Judicial le ordenó al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cambiar los fallos inclinados a favor de la Minera San Xavier y emitir la resolución cumplimentadora nulificando la ilegal autorización minera, de esta forma el asunto fue concluido y desde esa fecha es cosa juzgada.
— Greenpeace México

jueves, 22 de octubre de 2009

Descubre Greenpeace a empleados de agrobiotecnología en el gobierno

El teosinte, una gramínea parecida al maíz, fue una de las plantas que  usaron los ancestros para crear los tipos de maíz nativo que conocemos  hoy día. Además de su gran belleza, el maíz nativo tiene distintos  usos alimenticios y se adapta a todo tipo de clima y suelos locales.  David Lauer.

El teosinte, una gramínea parecida al maíz, fue una de las plantas que usaron los ancestros para crear los tipos de maíz nativo que conocemos hoy día. Además de su gran belleza, el maíz nativo tiene distintos usos alimenticios y se adapta a todo tipo de clima y suelos locales. David Lauer.


DF, México — De acuerdo con investigaciones de Greenpeace, empresas como Monsanto, Pioneer, Bayer y Dow Agroscience, tienen empleados en puestos estratégicos de gobierno para que den sí al maíz transgénico

Dos ex empleadas de confianza de Dupont y Agrobio (1) hoy se encuentran en puestos clave del gobierno federal para impulsar la autorización de las siembras de maíz transgénico en México.

Esto pone en evidencia que la bioseguridad y la sobrevivencia de nuestro maíz se encuentra en manos de funcionarios que tienen conflictos de interés.

¿Quiénes son?

Sandra Patricia Piña Salinastrabajó en el 2005 como coordinadora técnica de Agrobio México A.C., asociación encargada de defender los intereses comerciales de empresas como Monsanto, Pioneer, Bayer y Dow Agroscience.

En 2006 acudió como representante de Agrobio a la Sexta Reunión del Grupo de Acción Intergubernamental especial del Codex sobre Alimentos obtenidos por Medios Biotecnológicos, celebrada en Chiba, Japón. Después se desempeñó como gerente de negociaciones internacionales de Agrobio.

Hoy trabaja en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en la Dirección de Políticas y Normatividad.

La ingeniera Silvia Elena Rojas Villegas, es actual directora de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Antes, trabajó en PHI México SA de CV, perteneciente a la plataforma de agricultura y nutrición del Corporativo DuPont, particularmente en el grupo de regulación y relación industrial de México y Norte de Latinoamérica para la Biotecnología Moderna.

Violación de la ley

“De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos (2), tanto Silvia Rojas como Sandra Piña deberían salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público y servir a los intereses del país. Ninguna debería tener injerencia en los trámites relacionados con las empresas de biotecnología para las que trabajaron, es decir Dupont-Pioneer y Agrobio, de acuerdo con lo descrito en el artículo 8 fracción XI de la misma ley (3)”, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable de Greenpeace.

“La industria biotecnológica está usando en México una estrategia que en Estados Unidos se llama la puerta giratoria que consiste en el intercambio de personal entre las empresas y el gobierno, con el objetivo de lograr la liberación al medio ambiente de sus variedades transgénicas”, concluyó Lara.

Por ello, Greenpeace lanzó este miércoles su "fonoacción" para exigirle a Felipe Calderón que detenga las siembras de maíz transgénico, que estarían a punto de aprobarse en México y hablen directamente a la presidencia de la República y exijan una moratoria urgente.

Greenpeace convoca a la ciudadanía a llamar a un teléfono, sin costo alguno, que deriva las llamadas hacia el teléfono de la residencia oficial de Los Pinos. ¡Llámale a Felipe! y luego de ello comenta en el blog tu experiencia como muchos ya lo han hecho.

— Greenpeace México

Nota:
1. En México, las compañías transnacionales como Dupont, Monsanto, o Syngenta, están representadas en AgroBio, una supuesta organización civil creada para defender sus intereses comerciales y participar como ciudadanos en órganos de consulta de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

2. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos, artículo 7.- Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

3 . Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos, artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
XI.- Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

En riesgo, la seguridad alimentaria de México, advierte unión de científicos

El gobierno se dejó presionar por trasnacionales y desatendió argumentos

En riesgo, la seguridad alimentaria de México, advierte unión de científicos
Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Jueves 22 de octubre de 2009, p. 37

El Ejecutivo no puede ocultar que favorece a Monsanto con la aprobación de 15 licencias para la siembra experimental de maíz transgénico; la decisión indigna a la comunidad científica, asentó Elena Álvarez Buylla, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).

Esto es una pesadilla. Los permisos ponen en riesgo el maíz, que debe considerarse un bien público más importante que el petróleo y el futuro de la seguridad alimentaria. Espero que renuncie el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elvira Quesada, porque se dejó presionar por los agentes de esa empresa y no atendió los argumentos científicos.

En conferencia de prensa, Álvarez Buylla y Alma Piñeyro, especialistas en genética molecular de plantas, sostuvieron que se está atentando contra una planta de vocación alimenticia y se pone en riesgo la salud humana. Se está vendiendo algo de alto riesgo que implica incertidumbres irreversibles.

No se puede descartar la contaminación de los maíces criollos con las semillas genéticamente modificadas propiedad de Monsanto, y Down Agrosciences / Pioneer. Es demasiado valioso lo que se pone en riesgo, por eso demandamos una política de Estado comprometida con el beneficio social y la sustentabilidad.

La UCCS dio a conocer ayer la carta enviada el pasado 29 de septiembre al presidente Felipe Calderón, firmada por más de 600 científicos, investigadores y ciudadanos, en cuyo primer párrafo sostienen que por el conocimiento de la evidencia científica disponible, esta decisión representa un riesgo desproporcionado e innecesario que debe evitarse a toda costa por el bien de México y del mundo.

Asientan su preocupación porque se han ignorado los argumentos de los científicos y de los expertos en el campo de las huma- nidades y las disciplinas sociales respecto a la inconveniencia de introducir maíz genéticamente modificado.

En el escrito de seis cuartillas –puede consultarse en www.unionccs.net– mencionan que otros gobiernos han tomado en cuenta la evidencia científica y decidido detener la siembra e incluso la importación de transgénicos y sus derivados, lo cual hace que la posición de su gobierno sobre este asunto sea aún más incomprensible e injustificada.

Explican que no hay diferencia visible entre las variedades del grano genéticamente modificado y el no modificado, por lo que es prácticamente imposible tener un sistema de monitoreo que permita la segregación de ambas líneas del grano a un nivel mínimamente aceptable.


Dio Semarnat 15 permisos para maíz transgénico;no se podían retrasar

Toca al Congreso analizar la evidencia; la ley marca plazos máximos: Elvira Quesada

Dio Semarnat 15 permisos para maíz transgénico;no se podían retrasar

Monsanto y Dow Agroscience / Pioneer podrán experimentar en campos de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas

Si no se autoriza, el gobierno seguirá sufriendo el problema de los plantíos ilegales

Angélica Enciso
Periódico La Jornada
Jueves 22 de octubre de 2009, p. 37

Hasta el momento se han otorgado 15 permisos de cultivo experimental de maíz transgénico a las empresas Monsanto y Dow Agroscience / Pioneer para realizarse en campos de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, y hay siete más en evaluación, informó Juan Elvira Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En conferencia de prensa, acompañado por Enrique Sánchez, director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Elvira Quesada defendió el otorgamiento de las autorizaciones: no somos solapadores y esto se hace con la mayor de las responsabilidades.

Cuestionado acerca de si hay prisa por entregar los permisos, luego de que científicos de alto nivel pidieron cambiar la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados y el restablecimiento de la moratoria en el cultivo experimental de maíz transgénico en el país –centro de origen del grano, principal alimento de la población–, respondió que la ley establece plazos máximos, y no se busca ver cómo se retrasan las solicitudes.

Agregó que el estudio Origen y diversificación de maíz –en el que expertos presentaron esas conclusiones– servirá para que el Congreso analice la evidencia. El Ejecutivo no debe hacer cambios a la ley. Sostuvo que el gobierno federal ha sufrido el problema de las siembras ilegales de maíz transgénico.

Los funcionarios se presentaron a la conferencia de prensa sin datos precisos del tipo de desarrollos autorizados ni de la información de dónde y cuántas licencias se entregaron por empresa. Pidieron que esa información se busque en Internet.

Sánchez explicó que en las autorizaciones para el cultivo de maíz transgénico se siguieron los procedimientos utilizados en productos como el algodón. Dijo que se cuidará que los granos que resulten de estas experimentaciones no entren a la cadena alimenticia y que habrá oportunidad de que expertos mexicanos también participen.

Foto
Activistas de Greenpeace protestan contra la siembra de maíz transgénico en el paísFoto María Luisa Severiano

Aseguró que todos los eventos (desarrollos del grano genéticamente modificado que utilizarán las empresas) están probados para consumo humano en el mundo. Precisó que las pruebas se harán con granos resistentes a malezas y serán los promoventes los que pagarán por los experimentos.

Elvira Quesada indicó que las nueve licencias otorgadas a Monsanto –la principal productora de semillas del mundo– son para sembrar en campos federales del Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Se aplicarán tres en Cajeme, Sonora; tres en Guasave y Navolato, Sinaloa, y tres en Valle Hermoso, Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas.

A Dow / Pioneer le dieron seis permisos, tres en Valle del Yaqui y Huatabampo, Sonora, y tres en Los Mochis, Sinaloa. Hay siete solicitudes más que las dependencias evalúan para Chihuahua y Tamaulipas.

Insistió en que la dependencia hace lo que la ley manda. No es si estamos de acuerdo o no. Nos daría gusto ver a universidades, centros e investigadores nacionales decidir lo que el país requiere. Nosotros hacemos la tarea que nos corresponde. No estamos siendo solapadores, ni permitiendo que los permisos pasen de noche.

Agregó que si hay grupos de la sociedad que consideran que este no es el rumbo, recuerden que el camino es el Congreso federal, donde se define esta parte de la política ambiental. Negar los permisos no soluciona el problema, porque se vienen las siembras ilegales, empieza el tráfico de semillas. Este es un verdadero problema.

sábado, 17 de octubre de 2009

Sindicato mexicano de electricistas



Sindicato mexicano de electricistas
Lo que verdaderamente está en juego



Resultaría muy difícil encontrar entre los mexicanos a usuarios satisfechos del desempeño de su compañía estatal de servicio de electricidad. Además de las deficiencias (fluctuaciones de voltaje) y fallas (apagones constantes) últimamente se han agregado incrementos desmesurados en las tarifas. No es extraño, entonces, que resulte relativamente sencillo enardecer la animosidad de los usuarios por medio de una campaña mediática (propagandística) en contra de sus trabajadores o, más concretamente, en contra de su dirigencia sindical. Algunos comentaristas (incluso independientes) celebran que el gobierno haya decidido, dicen, poner un hasta aquí a uno de los sindicatos más antiguos (95 años), grandes y poderosos del país.

Durante décadas, los gobiernos (primero priistas y después panistas) han tolerado e incluso incentivado la conformación de dirigencias sindicales al servicio de los patrones y del gobierno a cambio de prebendas y nula fiscalización. El corporativismo mexicano se ha caracterizado por el intercambio de favores entre cúpulas sindicales y gubernamentales espurias. Una clase empresarial rapaz y coludida con gobiernos corruptos y a su servicio son apenas dos de las cuatro patas que sostienen el modelo mexicano, las otras dos son el sindicalismo a modo y el poder económico trasnacional.

Sería muy celebrable que uno de los actores en cuestión (en este caso el gobierno de México) decidiera cambiar dramáticamente este estado de cosas. No es así, y el cúmulo de hechos que rodean el conflicto hacen poco creíble la voluntad democratizadora y reformadora del gobierno. Veamos por qué.

El supuesto origen del conflicto

Una de las prácticas de control del gobierno mexicano sobre los sindicatos lo constituye la llamada “toma de nota” de sus dirigencias sindicales. Aún cuando en sus orígenes dicho trámite constituía un simple aviso, al gobierno, de cambio de dirigencia; con el tiempo se transformó en un requisito para la transferencia de poder de una dirigencia saliente a una entrante. Requisito por demás absurdo pues cualquier diferendo en la elección de nuevas dirigencias sindicales debe ser resuelto al interior de los propios sindicatos o por instancias establecidas por ley; en este caso por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA). Tan absurda resulta esta “toma de nota” como requisito para el cambio de dirigencia que el propio partido actualmente en el poder (PAN) solicitó su eliminación, como bien nos lo recuerda Arturo Alcalde Justiniani (1):

“El propio Vicente Fox, días antes de su elección, el 7 de junio de 2000, suscribió públicamente un compromiso ante organizaciones y personalidades de la sociedad civil, en su octavo y noveno apartado protestó eliminar el trámite de registro y de la toma de nota ante la autoridad laboral y establecer el registro público de sindicatos y contratos colectivos".

Ahora, el gobierno del también panista Felipe Calderón utiliza la “toma de nota” para desconocer la nueva dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) aún cuando la autoridad respectiva (JFCyA) no ha emitido fallo alguno. Casualmente, y de la misma manera que sucedió hace algunos años con el sindicato del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS), los medios masivos de comunicación han emprendido una campaña de linchamiento para justificar la acción del gobierno y para (de)mostrar la “necesidad” de privatizar los servicios que ofrece esta compañía estatal.

El argumento esgrimido por el actual secretario del trabajo (Javier Lozano) de que hubo “irregularidades en el proceso de elección” de la nueva dirigencia del sindicato no suena muy afortunado en boca de un funcionario de un gobierno cuyas “irregularidades en el proceso de elección” fueron desestimadas por su principal beneficiario (Felipe Calderón, su jefe) con altas dosis de cinismo al responder que él había ganado la elección presidencial “haiga sido como haiga sido”. No es ningún milagro que hasta hoy (tres años después) el gobierno de facto de Felipe Calderón no haya exhibido las boletas electorales que supuestamente le dieron el triunfo. Si las boletas no han sido destruidas todavía es por la tenacidad de algunos mexicanos que han apelado a organismos internacionales para su conservación. A nadie escapa que aún cuando ya no tengan ningún valor jurídico (la elección ya fue convalidada por las instancias legales) el principal beneficiado de su revisión sería Felipe Calderón si, como han querido hacernos creer, él hubiera ganado en los sufragios presidenciales del 2006.

Pero más allá de lo desafortunado del argumento de Lozano o del reconocimiento del propio PAN de lo inapropiado del “requisito” de la “toma de nota” por parte del gobierno federal, existen otros hechos que han sido poco ventilados (o deliberadamente ocultados) y que permiten comprender de manera más objetiva esta embestida por parte del gobierno de Calderón al SME.

El verdadero origen del conflicto

Algo que muy pocos mexicanos saben es que con los mismos cables que reciben el suministro eléctrico podrían recibir servicio telefónico y trasmisión de imágenes y datos (internet). Desde hace ya varios años la compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC la paraestatal que proporciona electricidad a la mayoría del territorio mexicano) ha venido sustituyendo su cableado por la denominada “fibra óptica”. Actualmente LyFC cuenta con una red de aproximadamente 1,100 Km concentrada, sobre todo, en la zona centro (Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Morelos); que es con mucho la zona de mayor concentración demográfica y de actividad industrial en el país.

A sabiendas de esto, hace ya algunos meses una empresa privada cuyo origen es español (WL Comunicaciones) pero cuyos accionistas nacionales principales son dos exsecretarios de energía (Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens) firmó acuerdos con la paraestatal para hacer uso de dicha red de fibra óptica. Sin embargo, el contrato colectivo de la paraestatal señala que “si a una empresa se le concede el usufructo de alguna infraestructura de Luz y Fuerza del Centro, el sindicato tendría el derecho de tener una concesión espejo para dar el mismo servicio.” Así, el sindicato solicitó ejercer su derecho a brindar servicios de comunicación a través del tendido eléctrico en un mercado creciente cuyo volumen de ventas se estima en decenas de miles de millones de pesos. Este, y no otro, parece ser el motivo de encono de la administración calderonista con el SME.

Uno de los principales reclamos de la sociedad a Felipe Calderón ha sido la eliminación de los virtuales monopolios en telefonía (Telmex, de Carlos Slim) y televisión (Televisa de Azcárraga y TV Aztecas de Salinas). No obstante, nada ha hecho el actual gobierno para estimular la apertura de dichos mercados. Al parecer Calderón ha optado por “arbitrar” entre los poderosos consorcios que patrocinaron su asenso (Telmex y Televisa) no permitiéndoles invadir el terreno de uno u otro pero garantizándoles sus respectivos monopolios. Quizá algunos de sus correligionarios y socios podrían empezar a competir en el jugoso mercado del triple play (voz, imagen, datos) pero por supuesto no una agrupación de trabajadores y menos aún de un sindicato que se orienta a la izquierda y que ha manifestado su simpatía por el líder de oposición más popular del país: Andrés Manuel López Obrador.

Ahora comienzan a esclarecerse las verdaderas razones del gobierno de facto para desconocer a la dirigencia sindical del SME. Causaría risa la pretendida voluntad democratizadora del régimen de Calderón si no fuera por sus excelentes relaciones con las peores mafias sindicales del país como la de Elba Esther Gordillo (secretaria perpetua de los trabajadores de la educación) o la de Carlos Romero Deschamps (líder de los trabajadores petroleros) a quienes les hace los trámites de “toma de nota” a pesar de las airadas protestas de sus propios “representados” (2). De hecho, hace apenas unos días una resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo ordenó a Lozano retirar la “toma de nota” a Romero Deschamps hasta que se analicen los resultados del proceso en el que se erigió como ganador (3). Ni Lozano ni Deschamps han dicho nada al respecto.

La campaña de linchamiento

Como se comentó al principio es imposible avalar el desempeño de la compañía suministradora de energía eléctrica en México. Sin embargo, resulta sospechoso que se quiera responsabilizar de su mal desempeño exclusivamente a sus trabajadores. No se debe olvidar que en los años recientes el gobierno ha alentado la participación privada en la generación de electricidad (ahora ya abarca 30% del total) y que, debido a los cálculos erróneos de la presente administración (como aquel del crecimiento de 5% anual), se han encarecido los costos y se ha retrasado la recuperación de la inversión (5 mil millones de dólares). Esto explica el aumento en las tarifas de la energía eléctrica y nada tiene que ver con los trabajadores. Pero no solo eso, los recursos del estado hacia la paraestatal han disminuido año con año y en muchos casos se han subejercido. El pretendido subsidio a la energía eléctrica se aplica mayormente a los consumidores industriales y no a las casas habitación.

Como ocurrió con el sindicato de los servicios de salud (IMSS) los medios de comunicación se escandalizan en coro ante los “indignantes privilegios” de los trabajadores del SME. No dicen, por ejemplo, que los altos funcionarios de la empresa paraestatal (no del sindicato) pueden jubilarse con una renta de 131 mil pesos mensuales después de “laborar” un año y ocho meses (véase video en referencia 4) a diferencia de un trabajador que debe “cotizar” 30 años para recibir una pensión irrisoria.

No nos confundamos, no se trata de hacer una defensa a ultranza de las mafias sindicales que tanto han dañado al país y a sus trabajadores. Pero tampoco podemos ignorar hechos que están ahí, a pesar de ser ignorados por los grandes medios de este país. Bien puede ser que en la pasada elección de dirigencia en el SME haya habido irregularidades pero no es al secretario del trabajo a quien compete dirimirlas; menos aún actuando con el doble rasero que hemos evidenciado.

Finalmente, para nadie es un secreto que Calderón tiene como objetivo privatizar los pocos bienes que le quedan al Estado Mexicano con la coartada de la supuesta falta de eficiencia. Como en el caso de la empresa estatal de petróleo (PEMEX) las administraciones neoliberales de las últimas décadas han tratado a toda costa de estrangularlas para poder entregarlas al gran capital nacional y extranjero. En el caso de PEMEX cuentan con el aval de un secretario general (Deschamps) al parecer tan espurio como el jefe del ejecutivo federal (Calderón).

miércoles, 12 de agosto de 2009

El combate a la contaminación transgénica en todo el mundo



El combate a la contaminación transgénica en todo el mundo.
Por GRAIN
Desde que los transgénicos se introdujeron por primera vez a mediados de la década de 1990, grupos de agricultores y ong advirtieron que contaminarían otros cultivos. Como se predijo, esto ya ocurrió. En este artículo analizamos que estrategias para combatir la contaminación están ideando en distintas partes del mundo las comunidades que la sufren.

Cuando se plantan cultivos genéticamente modificado (gm), el material transgénico contamina los demás cultivos. En lugares donde los cultivos transgénicos se plantan a gran escala se ha vuelto casi imposible encontrar cultivos de la misma especie que estén libres de material transgénico. Y la contaminación se esparce incluso a zonas donde los cultivos transgénicos no están oficialmente permitidos. [1] El Registro de Contaminación Transgénica, gestionado por GeneWatch del Reino Unido y Greenpeace Internacional, documentó en los últimos 10 años más de 216 casos de contaminación transgénica en 57 países, incluidos 39 casos en 2007. [2]
Monsanto y las otras empresas biotecnológicas han sabido siempre que sus cultivos transgénicos contaminan otros cultivos. Es más, esa fue parte de su estrategia para forzar al mundo a aceptar los organismos genéticamente modificados (ogm). Pero en todas partes la gente se está negando a dejarse atropellar y no acepta la modificación genética. Por eso la combaten, aun en los lugares que sufren la contaminación. De hecho, algunas comunidades que sufren esta contaminación están creando formas sofisticadas de resistencia a los cultivos transgénicos. Es común que comiencen con estrategias a corto plazo para descontaminar sus semillas locales, pero a menudo buscan el modo de fortalecer sus sistemas alimentarios y agrícolas tradicionales en el largo plazo.
Analizamos las experiencias de comunidades de distintas partes del mundo para ver cómo enfrentan la contaminación transgénica y qué perspectivas pueden ofrecer a otras personas que sufren situaciones semejantes. Cada situación es única y da origen a distintos procesos. Común a todas ellas es la importancia primordial de la acción conjunta —de las comunidades trabajando por abajo, en la base, para identificar sus propias soluciones sin depender de tribunales o gobiernos que tienden a alinearse con la industria cuando falta una fuerte presión social.
La experiencia de las comunidades de México
Para los pueblos indígenas de México y Guatemala, el maíz es la base de la vida. En la historia de la creación de los mayas, el maíz fue el único material en que los dioses pudieron infundir vida y lo utilizaron para hacer la carne de las primeras cuatro personas de la Tierra. Para otros pueblos de México, el maíz es en sí mismo una diosa. La planta ha sido el alimento fundamental de los mexicanos durante siglos, y miles de variedades brindan una gama increíble de nutrientes, sabores, consistencias, recetas y usos medicinales.
En enero de 2002, unos investigadores de la Universidad de California, en Berkeley, anunciaron que habían descubierto que las variedades locales de maíz en las montañas del estado de Oaxaca estaban contaminadas. Otras comunidades campesinas realizaron pruebas en sus propios cultivos y quedaron conmocionadas al descubrir que también mostraban contaminación. Fue un duro golpe a su cultura. No podían quedarse impávidos, había que hacer algo.
Al principio no sabían qué hacer. Los ogm eran algo nuevo. Comenzaron por unir a las comunidades cercanas que también podrían haber sufrido contaminación, y a las ong cercanas. Se organizaron talleres y las asambleas locales enviaron a sus representantes a debatir en nombre de sus comunidades. La estrategia fue colectiva desde el principio. Éste es el primer punto a señalar sobre la experiencia mexicana, en particular las comunidades indígenas y campesinas que se reconocen en la Red en Defensa del Maíz.
Un punto fundamental del acuerdo alcanzado bastante pronto por la Red en Defensa del Maíz fue que esta contaminación con transgénicos debía ser vista como parte de una guerra. No se trataba de un accidente o de un tema aislado sino parte de una guerra contra los campesinos y los pueblos indígenas —en sus palabras, una guerra contra la gente del maíz. Entonces debían responder como corresponde —defendiendo no solamente sus semillas sino sus medios de sustento, sus culturas, toda su forma de vida.
Inicialmente, sin embargo, la percepción social era que había pocas ideas prácticas de cómo descontaminar su maíz e impedir nuevos episodios de contaminación. Había gente preocupada de que tal vez las comunidades no tuvieran la capacidad técnica para manejar un problema tan complejo. Pero las comunidades agrupadas en la Red y las ong que trabajan con ellas tenían mucha experiencia en encontrar soluciones de abajo, de base, locales, a los problemas que les afectan y por eso, en lugar de buscar expertos foráneos le dieron la vuelta a la cuestión, y no se enfocaron en el maíz transgénico, al que no conocían, sino en sus propias variedades de maíz, que conocen íntimamente.
Comenzaron compartiendo sus propios saberes en torno al maíz y acerca de lo que el maíz necesita para ser y mantenerse saludable. El punto más básico era que para mantener al maíz vivo y en buenas condiciones debían sembrarlo y comerlo. En numerosas comunidades el maíz tradicional estaba desapareciendo porque la gente lo sembraba menos. El primer paso para defender su maíz, pues, era plantarlo más. Pensando en los transgénicos también fue el sentir general que cualquier semilla es peligrosa si no conocemos historial. Así que hubo acuerdo en que había que plantar las semillas únicamente cuando se conociera su historial o cuando provinieran de una fuente de confianza, que conocieran muy bien.
Al poner estos principios en práctica, las comunidades comenzaron a prestar mayor atención a los cultivos de sus campos y tomaron conciencia de cualquier tipo de malformación que presentaran. Analizaron las plantas deformadas y se encontraron con que tenían un elevado índice de contaminación, por lo que comenzaron a fijarse en plantas como ésas y a eliminarlas.
Otra cosa que las comunidades saben del maíz es que se cruza abiertamente así que, para impedir la contaminación transgénica debían evitar que el maíz transgénico se cruzara con su maíz. Comenzaron poniendo en práctica técnicas simples como plantar árboles alrededor de sus campos. Algunas de las técnicas que desarrollaron podrían ser aplicadas en cualquier lugar, mientras que otras son específicas de ciertas comunidades. Pero lo importante era que buscaron establecer un sistema para evitar la contaminación.
Hubo mucha discusión sobre qué hacer con las plantas contaminadas. Había una idea muy afianzada de que si una variedad muy antigua ha estado en tu familia durante generaciones y de repente se contamina, este maíz no debería destruirse así como así. El maíz contaminado está enfermo y necesita ser curado, no destruido. Tal vez lleve un año o 100 años curarlo, pero debe hacerse porque el maíz ha estado en las comunidades durante varias generaciones.
De todas las comunidades del mundo, las comunidades campesinas de México probablemente sean las que desarrollaron las estrategias más afinadas y profundas para enfrentar la contaminación genética. Pueden extraerse varias lecciones de su lucha, en particular de aquellas agrupadas en la Red en Defensa del Maíz y tal vez las principales sean:
1. Es necesario ver la contaminación genética como parte de un ataque más amplio a los campesinos y a las comunidades locales. Defender tus cultivos significa también defender tu tierra y tu agua, y esto exige comunidades fortalecidas, sólidos procesos colectivos de toma de decisiones, y redes firmes con otros grupos a escala nacional e incluso internacional. Un enfoque tan amplio permite una mayor participación de la gente en la lucha. Aun cuando no todos pueden cuidar las semillas, hay otras cosas que sí pueden hacer.
2. Es importante no quedar constreñidos por parámetros de tiempo. Para las comunidades mexicanas, la contaminación transgénica es parte de una guerra librada contra ellos que es permanente y por eso su enfoque debe ser de largo plazo y capaz de ser permanente. Su decisión es defender su maíz, no importa el tiempo que les consuma. Para estas comunidades cuando se introducen plazos la gente se topa con lo que no puede hacer y es generalmente poco lo que puede hacerse en el corto plazo, de manera que transa. Las comunidades mexicanas se niegan a hacer eso.
3. Es vital analizar el asunto desde nuestra propia perspectiva. Las comunidades de México dedicaron mucho tiempo en los primeros talleres a discutir sobre su espiritualidad y sus visiones sobre lo sagrado y la creación. Conversaron sobre los rituales que podrían proteger al maíz. A las personas invitadas de fuera les resultó difícil explicar los tecnicismos de la ingeniería genética, porque el concepto parecía muy absurdo. Pero, al final, las comunidades llegaron a su propio entendimiento básico de que la ingeniería genética es un método para lograr el control externo de los medios de vida agrícolas, y esta comprensión fue mucho más importante que la información técnica.
4. Es necesario que las comunidades controlen el proceso. En México las comunidades pudieron mantener el control sobre los procesos porque siempre fueron sus propios procesos. Al lograr autogestionar las pruebas iniciales se guardaron los resultados para sí durante largo tiempo porque querían discutir primero entre ellas qué pasos adoptar. Y el hecho de que las decisiones fueran tomadas colectivamente, por mucha gente, ayudó a impedir que se cometieran grandes errores. Siempre va a haber errores, pero cuando hay mucha gente involucrada las posibilidades de que se cometan errores fundamentales son mucho menores. Cuando los científicos universitarios revelaron la contaminación, los procesos seguidos fueron totalmente diferentes.
5. Es necesario privilegiar las luchas sociales por encima de las luchas legales. Entre las comunidades mexicanas se discutió mucho sobre leyes de bioseguridad, leyes de semillas y otras leyes relevantes. En un taller reciente dedicado a los procesos legales se presentó una línea de tiempo de las diversas leyes aprobadas por el gobierno mexicano en los últimos 15 a 20 años. Viendo ese escenario, las comunidades llegaron a la clara conclusión de que la vía legal no es una vía importante para su lucha. Es posible que se pierda un juicio, pero si hay suficiente presión social tal vez se gane de otras formas. Para las comunidades, las opciones legales son efectivas únicamente cuando hay una presión social considerable sobre las autoridades. Así que la táctica no está descartada, pero no es central.

Invasión transgénica ilegal en predios rurales tailandeses
En 1999 se supo que había contaminación transgénica en Tailandia, tras encontrar que algunas muestras de algodón de una investigación de campo dirigida por Biothai y la Red de Agricultura Alternativa (aan) estaban contaminadas con algodón Bt —una variedad producida por Monsanto con manipulación genética. En 2004 las pruebas realizadas por Greenpeace revelaron que la plantación de un agricultor local en la provincia de Khon Kaen estaba contaminada con papaya transgénica. Ese agricultor fue uno de los 2 600 que había comprado plántulas de papaya en la estación de investigación del Departamento de Agricultura, donde se estaban llevando a cabo ensayos de campo con papaya transgénica. Al principio el gobierno negó que se hubiera plantado cultivos transgénicos en Tailandia, pero la contaminación estaba tan generalizada que llegó a otra provincia, Ubol Ratchatani, donde por lo menos 90 predios rurales habían recibido también plántulas de papaya. Más recientemente, en 2007, la Facultad de Ciencias de la Universidad Chulalongkorn y Biothai hallaron contaminación transgénica en maíz, soja [soya] y algodón en una serie de ensayos realizados con muestras procedentes de todo el país.
Los tailandeses piensan que es necesario aplicar una estrategia a dos flancos para hacer frente a esta situación. Por un lado habría que presionar al gobierno para que implemente políticas que protejan al país de la contaminación transgénica. El Grupo de Trabajo contra los Transgénicos, de Tailandia, coordinado por Biothai, organizó numerosas actividades para mantener vigente la moratoria nacional sobre los transgénicos. Se enviaron cartas de petición, organizaron manifestaciones frente a oficinas gubernamentales e impulsaron un diálogo con funcionarios de alto rango, entre ellos el viceprimer ministro y los secretarios de Salud y Agricultura. Esos esfuerzos tuvieron su impacto: el 25 de diciembre de 2007 el gobierno tailandés anunció sus normas sobre transgénicos que incluyen, entre otras cosas, una audiencia pública obligatoria previa a cualquier ensayo de campo, y la recomendación de que debe obtenerse la aprobación de la población local de la zona del ensayo de campo, así como de ong independientes y de la comunidad académica. Desde la perspectiva de Biothai —que actualmente dirige una campaña para crear una Ley de Bioseguridad Popular— ésta fue una victoria importante.
Por otro lado, la población tailandesa trabaja por aumentar la capacidad local para crear sistemas que detecten la contaminación y enfrenten sus impactos. La Fundación Khao Kwan (kkf), una de las organizaciones fundadoras de aan, busca movilizar los saberes campesinos que puedan identificar las semillas contaminadas y controlarlas o eliminarlas. La fundación kkf emprende capacitaciones y talleres sobre cultivo y selección de semillas, que abordan indirectamente la contaminación.
kkf opina que los agricultores son capaces de notar cualquier anormalidad en sus cultivos, debido a sus profundos saberes en materia de semillas y a su pericia en seleccionarlas. Sea por el color, la dureza o el aroma, cada variedad tiene peculiaridades que los agricultores que han trabajado con las semillas conocen al detalle. Así, detectarán fácilmente cualquier alteración, aun antes de que la planta comience a florear.
Daycha Siripatra, fundador de kkf, dice: “Éste es el principio de la adaptabilidad local. Hicimos que nuestras semillas reconocieran su ambiente y utilizaran ese ambiente para expresar su potencial. Una semilla foránea, como un transgénico, no prosperará automáticamente en nuestra zona y, aún si crece, los agricultores podrán notarla enseguida, desde su aparición misma”.
Los agricultores filipinos enfrentan la contaminación
En 2002, Filipinas tuvo el (des)honor de ser el primer país de Asia en autorizar la comercialización de transgénicos, cuando aprobó la liberación del maíz Bt de Monsanto, en medio de protestas nacionales generalizadas. Desde entonces se sabe de contaminación genética en zonas de cultivo de maíz por todo el país.
En la provincia noroccidental de Isabela se informó que una variedad local de maíz glutinoso blanco cultivado por los agricultores para alimentación fue contaminada con maíz transgénico. No se han hecho pruebas genéticas pero los agricultores identifican la contaminación por los granos amarillos que aparecen en el maíz blanco. En Bayambang, Pangasinan, los agricultores suelen plantar maíz después del arroz. Pero ahora se quejan de que han perdido prácticamente todas las variedades tradicionales de maíz en la provincia debido a la contaminación con maíz híbrido y transgénico. También temen por su salud, ya que ha habido casos de niños que fueron llevados al hospital por vómitos incesantes después de haber comido accidentalmente maíz transgénico. También se supo de la vaca de un agricultor que se enfermó y finalmente murió después de haber sido alimentada con maíz Bt.
En Bukidnon, en el sur de Filipinas, algunas comunidades están respondiendo a la contaminación mediante la práctica de separar los granos amarillos, de menor precio, de los blancos, de mayor precio, antes de venderlos en el mercado. En Capiz, otra importante provincia productora de maíz en la región central de Filipinas, los agricultores dicen que casi toda la zona productora de maíz de la provincia está contaminada con maíz transgénico y que ya no pueden encontrar variedades tradicionales que cultivar.
Masipag es una red de agricultores nacionales con un programa en torno al maíz, que colecta y mejora las variedades tradicionales por todo el país. Recientemente resultó contaminado un predio agrícola del grupo en San Dionisio, Iloilio (no lejos de Capiz). La zona es gran productora de maíz híbrido y hace unos tres años comenzó el cultivo en gran escala de maíz gm mediante un programa de cultivo bajo contrato manejado por las élites locales.
Por lo menos tres variedades nativas utilizadas para cultivo agrícola en la granja del grupo se contaminaron de inmediato con maíz transgénico. En la cosecha se observó que había entreverados granos amarillos en las mazorcas de maíz de las variedades tradicionales utilizadas por los agricultores para alimento (pilit-puti y mimis). La superficie de la granja plantada con maíz estaba solamente a unos 50 a 100 metros de los más cercanos predios de maíz. Los árboles de bambú a lo largo del arroyo sirven de barreras naturales, pero como los campos vecinos están en declive, Masipag cree que el polen del maíz transgénico pudo haberse trasladado a su predio por el viento.
Los investigadores del predio de Masipag dicen que en el primer año de cultivo posterior a que se introdujera el maíz transgénico, encontraron entre 7 y 12 granos amarillos en cada mazorca de maíz. Al año siguiente no se plantó maíz. Este año volvió a plantarse nuevamente una pequeña parte del predio con maíz blanco, adyacente a otro predio plantado con maíz gm. De los 50 granos promedio contados en cada mazorca, sólo 18 eran blancos y los 32 restantes eran amarillos. Masipag intentó explicar la situación a los vecinos, pero como tienen problemas de endeudamiento por el programa de cultivo bajo contrato, no pueden dejar de plantar maíz transgénico.
En 2008, Masipag organizó una reunión nacional de evaluación del maíz que reunió a agricultores de todo el país. Concordaron en que parece imposible detener la contaminación y que, si bien todavía es mucho lo que se desconoce, es crucial lidiar con la situación post-contaminación. Consideran necesario contar con una gama de criterios para asegurar que las semillas permanezcan en sus manos. Una propuesta es crear indicadores visuales para detectar la contaminación. Algunos de los indicadores inicialmente identificados incluyen: anormalidades en el color, el tamaño y la apariencia de los granos del maíz, y deformidades en la formación de la hoja.
Otra idea es colectivizar el monitoreo por parte de la comunidad. Cada agricultor podría ayudar en el mapeo de quiénes y dónde plantan maíz transgénico. El mapa se compartiría en la comunidad y permitiría a los agricultores planear su época de siembra de manera de evitar la contaminación. Los agricultores creen que el aislamiento temporal de la siembra puede potencialmente minimizar, aunque no impedir del todo, la contaminación por polinización cruzada. También entienden que la creación de lazos más fuertes entre los productores de maíz —y el hecho de compartir fuentes de semillas no contaminadas— en diferentes provincias ayudarán mucho a minimizar los impactos de la contaminación.
Mientras tanto, continúa la presión gubernamental para promover los transgénicos. En una “Semana Nacional de la Biotecnología 2008” realizada hace poco, dos funcionarios del gabinete señalaron la necesidad de aprovechar la biotecnología “para impulsar en el país la producción de alimentos, desarrollar medicamentos más baratos pero efectivos y mejorar la producción de productos básicos utilizando cultivos de mayor rendimiento con mayor contenido nutritivo”. El secretario de Medio Ambiente, Lito Atienza, llegó a expresar su confianza en los “beneficios inconmensurables” del uso de la biotecnología en la protección del ambiente y en resolver los problemas de insuficiencia de alimentos.
Apenas una semana antes, resist —una red nacional de agricultores, ong y académicos— realizó un foro para presentar y discutir los primeros resultados de sus estudios de caso de experiencias de agricultores con maíz Bt y Round-up Ready en tres provincias de las principales regiones agrícolas del país. Los resultados iniciales señalan una tendencia preocupante: el rendimiento de esas dos variedades de maíz transgénico y los ingresos devengados de ellas no mejoraron sustancialmente (en la mayoría de los casos fue lo mismo que con los híbridos comunes), pero al mismo tiempo se observó un aumento recurrente de incidencia de plagas, utilización de productos químicos y endeudamiento. También se informó de la pérdida de diversidad genética debido a la contaminación por la siembra indiscriminada de esos maíces transgénicos, que en ocasiones recibe subvenciones del programa del gobierno para el maíz.
Contaminación de las praderas canadienses [3]
La provincia de Saskatchewan, en el occidente de Canadá, es una de las principales productoras de trigo y canola del país. Ambos son los cultivos de exportación más importantes de Canadá. Comparada con otras provincias, también alberga gran cantidad de agricultores orgánicos, muchos de los cuales producen cereales y canola para los mercados de exportación. Ahora, la introducción a gran escala de cultivos gm amenaza su capacidad de producir cultivos orgánicos certificados.
Poco después de que en 1996 Monsanto introdujera la canola transgénica en la provincia, los compradores de productos orgánicos comenzaron a rechazar cultivos orgánicos porque las pruebas mostraban su contaminación transgénica. Actualmente, cuando incluso el suministro de semillas convencionales está totalmente contaminado por transgénicos, es casi imposible cultivar canola orgánica certificada en la provincia. Esto es una gran pérdida para los agricultores orgánicos, para quienes la canola es un cultivo importante en sus rotaciones. Pero la importancia de la canola no es nada comparada con la del trigo, que cultivan casi todos los agricultores orgánicos de la provincia. En 2001, cuando Monsanto apareció con una solicitud para introducir trigo transgénico, los agricultores orgánicos de Saskatchewan decidieron manifestarse. Advirtieron públicamente que la contaminación que seguramente ocurriría como consecuencia de liberar el trigo transgénico arrasaría con la agricultura orgánica de la provincia.
En Canadá no hay regulaciones que fuercen a las empresas que se benefician de las semillas transgénicas a responsabilizarse del daño que causan. La única vía posible es llevar el caso a los tribunales reclamando daños. En 2001, sod (Saskatchewan Organic Directorate), el grupo paraguas que reúne a los agricultores orgánicos de Saskatchewan, decidió iniciar una acción legal colectiva contra la introducción de trigo transgénico que demandó compensaciones por las pérdidas resultantes de la introducción de canola transgénica. A principios de 2002, sod inició formalmente una demanda legal conjunta contra Monsanto y Bayer. Una demanda conjunta es un juicio interpuesto por un grupo de personas, en este caso todos los agricultores de cereales orgánicos certificados de Saskatchewan, contra una entidad tal como una empresa. Se supone que debe facilitar el acceso a la justicia para gente común, brindar un camino para que la gente sea escuchada en la corte, aunque no tenga los recursos de una gran empresa. Permite no solamente que las personas junten sus recursos sino que reduzcan también los riesgos, porque si uno pierde una demanda colectiva, no se pagan los costos del juicio, ni los gastos legales de la otra parte, lo que podría sumar millones de dólares.
Si bien su caso se presentó ante los tribunales, sod estuvo también muy activo con la amplia coalición de grupos que a nivel local y nacional combaten la introducción de trigo transgénico. Juntos generaron la suficiente presión pública como para que en mayo de 2004 Monsanto retirara su solicitud. En ese punto sod retiró su impugnación contra el trigo transgénico de la demanda colectiva pero continuó reclamando compensaciones por la contaminación causada por la canola transgénica.
En Saskatchewan, un juicio de demanda colectiva debe pasar primero por una audiencia para determinar si es legítimo, antes de que pueda elevarse a los tribunales. Para el caso sod, el juez de la audiencia dictaminó que la demanda colectiva no era válida. sod apeló la sentencia, a nivel provincial y ante la Suprema Corte de Canadá, pero ambas apelaciones fueron denegadas. La única opción legal que le quedaba fue presentar las demandas mediante demandas individuales, pero consideró que los riesgos eran demasiado altos y las posibilidades de éxito demasiado reducidas, dada su experiencia con la demanda colectiva.
"No sentimos que fuera una pérdida total”, dijo Cathy Holtslander, directora de sod. “Trabajamos mucho y muy bien durante el tiempo en que la acción legal estaba en marcha. La incertidumbre que creó nuestra acción en el sector empresarial bien puede haber sido la causa de que las empresas de transgénicos se abstuvieran de nuevas introducciones. La gente aprendió mucho del tema de la contaminación y la cuestión de la responsabilidad. Vieron cómo son las cosas ahora: nadie es responsable pero el eslabón más débil de la cadena —los agricultores— son quienes cargan con los costos”.
Las empresas siguen avanzando. Ahora intentan introducir alfalfa transgénica, otro cultivo esencial para la agricultura orgánica de Saskatchewan, y el trigo transgénico está nuevamente en el debate con el auge de los biocombustibles. sod y sus aliados se preparan para una nueva contienda. http://www.ecoportal.net/
Abril de 2009.Traducido de: GRAIN, Fighting GMO contamination around the world, Seedling, January 2009, http://www.grain.org/seedling/?id=575
Notas:
1. Video de la entrevista realizada por grain a Meriem Louanchi en noviembre de 2008 sobre la contaminación transgénica en Argelia (en francés), en http://www.grain.org/videos/?id=195
2. Informe Anual de Registro de Contaminación Transgénica, 2008, http://tinyurl.com/79osjp
3. La sección de Canadá se basa en una entrevista realizada por grain a Cathy Holtslander en noviembre de 2008. Esta entrevista en video (en inglés) puede verse en el sitio web de grain http://www.grain.org/videos/?id=195