Este caso es de gran relevancia ya que esta empresa mexicana, subsidiaria de New Gold, de origen canadiense, y que se dedica la extracción de oro y plata en esa región, ha dejado a su paso devastación en el pueblo de San Pedro, que fue la ciudad fundadora del estado de San Luis Potosí.
El proceso de la explotación de minerales a cielo abierto en la zona ha generado la emisión de agentes nocivos como el cinanuro y el mercurio, que han causado daños a la salud de la población de la capital potosina.
En varias ocasiones, con recursos legales se ha logrado que las autoridades judiciales declaran inprocedente el permiso para que MSX, siguiera operando, pero por una serie de complicidades entre la empresa y funcionarios del sector ambiental estatal y federal habían hecho imposible que el gobierno federal se pronunciara en contra del cierre definitivo de la minera.
Ésta es la primera vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se pronuncian en contra de este proyecto y exigen su cierre.
Este 19 de noviembre, en una carta abierta enviada a Patricio Patrón Laviada, titular de la Profepa y con copia a Felipe Calderón, presidente de México y a Juan Elvira, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; las organizaciones Greenpeace México, Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, Red Mexicana de Afectados por la Minería, Centro Prodh, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Unión de Grupos Ambientalistas IAP, El poder del consumidor y Pro San Luis Ecológico, exigen que se tome acción urgente para sacar definitiva e inmediatamente a Minera San Xavier del Cerro de San Pedro.
Las organizaciones señalan que MSX es un claro ejemplo de impunidad ambiental, por lo que debe actuar sin dilación para ponerle un alto a este caso, en el que desde hace diez años se demostró que había un delito es flagrante, innegable, depredador y que afecta al bien común de los mexicanos.
Los firmantes de la carta abierta advierten que si la Profepa de San Luis Potosí está dilatando la acción de la justicia, el procurador federal debe actuar de manera directa cumpliendo la ley.
Breve cronología
En 1999, Greenpeace denunció que el consumo anual de 2,300,000 m3 de agua por parte de esta empresa, era equivalente a 3 por ciento del consumo total de la ciudad de San Luis Potosí. El agua ha sido extraida del acuífero del Valle de San Luis Potosí, que desde los años 60 se consideró como sobreexplotado.
En el año 2000, la organización Pro San Luis Ecológico inició acciones de rechazo a la instalación de Minera San Xavier y junto con otras organizaciones locales, que después conformaron el Frente Ámplio Opositor, exigieron a las autoridades estatales y federales que la empresa fuera cerrada.
Desde el 1 de septiembre de 2004, cuando el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió la ejecutoria declarando que la autorización minera otorgada por la Semarnap a favor de Minera San Xavier, era violatoria de las leyes mexicanas, de las normas oficiales en materia ambiental y del Decreto de Ordenación y Desarrollo de los municipios de San Luis Potosí y de Cerro de San Pedro; motivo por el cual el Tribunal del Poder Judicial le ordenó al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cambiar los fallos inclinados a favor de la Minera San Xavier y emitir la resolución cumplimentadora nulificando la ilegal autorización minera, de esta forma el asunto fue concluido y desde esa fecha es cosa juzgada.
El proceso de la explotación de minerales a cielo abierto en la zona ha generado la emisión de agentes nocivos como el cinanuro y el mercurio, que han causado daños a la salud de la población de la capital potosina.
En varias ocasiones, con recursos legales se ha logrado que las autoridades judiciales declaran inprocedente el permiso para que MSX, siguiera operando, pero por una serie de complicidades entre la empresa y funcionarios del sector ambiental estatal y federal habían hecho imposible que el gobierno federal se pronunciara en contra del cierre definitivo de la minera.
Ésta es la primera vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se pronuncian en contra de este proyecto y exigen su cierre.
Este 19 de noviembre, en una carta abierta enviada a Patricio Patrón Laviada, titular de la Profepa y con copia a Felipe Calderón, presidente de México y a Juan Elvira, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; las organizaciones Greenpeace México, Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, Red Mexicana de Afectados por la Minería, Centro Prodh, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Unión de Grupos Ambientalistas IAP, El poder del consumidor y Pro San Luis Ecológico, exigen que se tome acción urgente para sacar definitiva e inmediatamente a Minera San Xavier del Cerro de San Pedro.
Las organizaciones señalan que MSX es un claro ejemplo de impunidad ambiental, por lo que debe actuar sin dilación para ponerle un alto a este caso, en el que desde hace diez años se demostró que había un delito es flagrante, innegable, depredador y que afecta al bien común de los mexicanos.
Los firmantes de la carta abierta advierten que si la Profepa de San Luis Potosí está dilatando la acción de la justicia, el procurador federal debe actuar de manera directa cumpliendo la ley.
Breve cronología
En 1999, Greenpeace denunció que el consumo anual de 2,300,000 m3 de agua por parte de esta empresa, era equivalente a 3 por ciento del consumo total de la ciudad de San Luis Potosí. El agua ha sido extraida del acuífero del Valle de San Luis Potosí, que desde los años 60 se consideró como sobreexplotado.
En el año 2000, la organización Pro San Luis Ecológico inició acciones de rechazo a la instalación de Minera San Xavier y junto con otras organizaciones locales, que después conformaron el Frente Ámplio Opositor, exigieron a las autoridades estatales y federales que la empresa fuera cerrada.
Desde el 1 de septiembre de 2004, cuando el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió la ejecutoria declarando que la autorización minera otorgada por la Semarnap a favor de Minera San Xavier, era violatoria de las leyes mexicanas, de las normas oficiales en materia ambiental y del Decreto de Ordenación y Desarrollo de los municipios de San Luis Potosí y de Cerro de San Pedro; motivo por el cual el Tribunal del Poder Judicial le ordenó al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cambiar los fallos inclinados a favor de la Minera San Xavier y emitir la resolución cumplimentadora nulificando la ilegal autorización minera, de esta forma el asunto fue concluido y desde esa fecha es cosa juzgada.
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